El nuevo Registro de Deudores Alimentarios Morosos busca garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir el aporte económico de sus progenitores.

La creación del “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”, Ley provincial Nº 6.717, fue presentada esta mañana en el Poder Judicial de Santiago del Estero, en un evento dirigido a magistrados, funcionarios, empleados del Poder Judicial y abogados locales. La Dra. Ana Rosa Rodríguez, vicepresidenta segunda del Superior Tribunal de Justicia, y la Dra. Matilde O’Mill, ministra de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, encabezaron la presentación.

En su intervención, la Dra. O’Mill destacó la importancia del diálogo institucional para hacer efectivas las sentencias y los derechos de las personas, en especial en temas de derechos económicos, sociales y culturales. Afirmó que el registro no busca perseguir a los deudores, sino ofrecer herramientas para hacer cumplir el derecho esencial de los niños a recibir su alimentación.

La Dra. María Soria Vildósola, vocal de la Cámara de Apelación Civil y Comercial, explicó que la ley tiene como objetivo promover el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, asegurando que los beneficiarios reciban lo que les corresponde para su desarrollo integral. También resaltó la importancia del derecho fundamental a la alimentación para el bienestar físico y psicológico de los niños.

La presentación también detalló los aspectos centrales de la Ley 6717, que establece que el Registro incluirá a quienes no cumplan con sus obligaciones alimentarias durante tres meses consecutivos o cinco veces alternadas. Además, explicó quiénes pueden solicitar la inscripción en el Registro y cómo los organismos públicos y privados deberán consultar la situación alimentaria de las personas antes de emitir contratos o permisos.

El sistema informático administrado por la Escribanía de Gobierno facilitará la carga de datos provenientes de los oficios judiciales y la expedición de certificados requeridos por diversos organismos. La actividad, organizada por el Centro Único de Capacitación del Poder Judicial, se realizó de manera híbrida, con participación presencial y online desde las diferentes jurisdicciones de la provincia.