En 2025, Argentina continúa impulsando su transición energética con el objetivo de diversificar su matriz y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Según datos de la Secretaría de Energía, actualmente el 17% de la generación eléctrica proviene de fuentes renovables, principalmente eólica y solar, mientras que la meta para 2030 es alcanzar al menos el 30%. Este avance se da en un contexto de creciente demanda interna y la necesidad de garantizar la seguridad energética del país.

Los parques eólicos en la Patagonia y los proyectos solares en el noroeste argentino han sido protagonistas de este crecimiento. Durante el último año se inauguraron seis nuevos parques de energía renovable, sumando una capacidad instalada de 950 megavatios. Estos proyectos no solo contribuyen a la diversificación de la matriz, sino que también generan empleo: se estima que más de 8.000 trabajadores participaron en distintas etapas de construcción y mantenimiento. Sin embargo, las inversiones dependen en gran medida de la estabilidad macroeconómica y de reglas claras para el sector.

La industria del gas natural sigue siendo clave en esta etapa de transición. Vaca Muerta, la formación no convencional ubicada en Neuquén, continúa expandiendo su producción, con un aumento interanual del 12% en 2025, según cifras oficiales. Este recurso cumple un rol estratégico como energía de transición, permitiendo reducir el uso de combustibles más contaminantes como el carbón y el fueloil. Además, Argentina ha comenzado a incrementar sus exportaciones de gas a Chile y Brasil, generando ingresos por más de 1.200 millones de dólares en lo que va del año.

Uno de los principales desafíos es el financiamiento de nuevas obras de infraestructura. Para ampliar la capacidad de transporte de gas y electricidad, el gobierno lanzó un plan de inversiones público-privado que busca movilizar 6.000 millones de dólares en los próximos cuatro años. Entre los proyectos prioritarios se encuentra la segunda etapa del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que permitirá incrementar la evacuación de gas desde Vaca Muerta y mejorar el abastecimiento interno durante los meses de mayor consumo.

El marco regulatorio también está en revisión. El Congreso debate una ley de transición energética que establecería metas obligatorias de reducción de emisiones y mecanismos de incentivos fiscales para empresas que inviertan en energías limpias. El proyecto incluye la creación de un fondo nacional para financiar investigación, innovación y desarrollo de nuevas tecnologías. Especialistas destacan la importancia de este tipo de normas para dar previsibilidad a las inversiones y alinear los objetivos nacionales con los compromisos internacionales asumidos en materia ambiental.

En el plano social, la transición energética abre oportunidades pero también desafíos. La reducción gradual de subsidios a los combustibles fósiles y el aumento en las tarifas de servicios básicos generan tensiones en sectores de bajos ingresos. Para mitigar este impacto, el gobierno implementa un esquema de segmentación tarifaria que busca proteger a los hogares más vulnerables, al tiempo que fomenta el consumo eficiente y responsable de la energía.

De cara a los próximos años, el futuro del sector dependerá de la capacidad de Argentina para atraer inversiones, fortalecer su marco regulatorio y coordinar acciones entre la Nación, las provincias y el sector privado. Si se logra avanzar en estos puntos, el país podría posicionarse como un referente regional en energías limpias, combinando el desarrollo económico con la sustentabilidad ambiental y la generación de empleo de calidad.