La sentencia contra los penitenciarios de Salta se dictó tras una exhaustiva investigación que reveló la existencia de una red de narcocriminales que operaba con la participación de familiares dentro de la institución. La pesquisa permitió reconstruir cómo los acusados facilitaban el ingreso y distribución de drogas, manipulaban registros internos y aprovechaban su posición de autoridad para beneficiar a terceras personas, vulnerando la seguridad del penal. 

El Tribunal de Salta condenó a los 17 imputados en la causa que investigaba la existencia de una organización narcocriminal en la Unidad Carcelaria N° 1, imponiendo penas que van de 1 a 10 años de prisión según la participación de cada involucrado. Entre los condenados se encuentran funcionarios del Servicio Penitenciario, internos de la unidad y familiares vinculados a los hechos. El proceso judicial comenzó el 4 de agosto en la Sala 7 del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, con los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar a cargo.

La investigación se inició tras una denuncia anónima que advertía sobre posibles hechos de corrupción en la cárcel. La Unidad de Investigación de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales realizó un operativo centrado en el monitoreo de teléfonos celulares y códigos IMEI, con autorización de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJuDeCO). Durante al menos un mes se examinaron las comunicaciones entre internos, familiares y personal penitenciario, cruzando información junto con la Inteligencia Penitenciaria para determinar las funciones de cada involucrado, incluyendo jefes de pabellón, celadores, encargados de seguridad y miembros de la Junta Correccional.

El análisis también permitió identificar cómo operaba la Junta Correccional, que otorgaba beneficios a cambio de pagos a través de familiares o transferencias encubiertas, usando más de 113 cuentas bancarias vinculadas a los 17 imputados. Los magistrados hallaron culpables a ocho funcionarios penitenciarios, sumando a internos y familiares, quienes actuaron dentro de una organización estable dedicada a la comercialización sistemática de drogas y la exacción ilegal dentro de la unidad, según detalló la Unidad Fiscal liderada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto.

Entre las penas más destacadas, Sergio Faustino Moya fue condenado a 10 años, Francisco Arturo Bisceglia a 10 años y 6 meses, Luis Roberto Castaño a 6 años y 6 meses, y Marcos Matías Bucotich García a 6 años. Otros funcionarios recibieron penas de entre 4 y 8 años. En cuanto a internos y familiares, Manuel Méndez fue condenado a 9 años y 6 meses, María Inés Méndez a 9 años, y Héctor Gustavo Banega a 8 años. Algunas condenas, como la de Nicole Judith Ana Luna, se cumplirán de manera domiciliaria con consigna policial, y otras incluyeron penas en suspenso unificadas con causas previas, como en el caso de Andrea Abigail Alba, cuya pena final fue de 8 años y 2 meses.