El secretario de Trabajo, Julio Cordero, volvió a marcar la prioridad del oficialismo: avanzar con una modernización laboral que reduzca la litigiosidad y promueva la contratación. Los sindicatos, en alerta por el riesgo de pérdida de derechos y estabilidad.

El Gobierno retomó la discusión sobre la reforma laboral en el marco del Consejo de Mayo y apunta a elevar el proyecto después de las elecciones. Julio Cordero planteó que la legislación actual desalienta el empleo registrado y que es necesario actualizar un esquema que arrastra décadas de conflictividad y rigideces.

Uno de los ejes es la reducción de la industria del juicio, mediante sistemas alternativos a las indemnizaciones tradicionales y nuevos mecanismos para resolver conflictos. En paralelo, se analiza impulsar la figura del “trabajador autónomo económicamente dependiente” para facilitar contrataciones en sectores con alta informalidad.

El otro punto central es el concepto de “salarios dinámicos”, ligado a mayor productividad y acuerdos por rama que habiliten premios y esquemas flexibles de remuneración. Desde la CGT advierten que esta propuesta puede abrir la puerta a la precarización y sostienen que cualquier modificación debe garantizar estabilidad, poder adquisitivo y derechos laborales históricos.