El beneficio permite viajar sin cargo en subte con un límite diario y mensual durante el período de cursada presencial, pero aún persisten interrogantes sobre su control y sostenibilidad.

El lanzamiento del boleto universitario gratuito fue celebrado por miles de estudiantes que ven en este beneficio una respuesta concreta a la creciente dificultad para sostener los gastos de transporte. En un contexto de tensión económica y disminución del poder adquisitivo, la posibilidad de acceder a viajes gratuitos representa un alivio directo para quienes se desplazan diariamente para estudiar.

Sin embargo, su implementación deja planteados varios desafíos. Uno de ellos es el control de la regularidad académica y la verificación de la cursada presencial, aspectos claves para garantizar que el beneficio sea utilizado por quienes realmente cumplen con las condiciones. También surge la cuestión del monitoreo de los topes diarios y mensuales, que deben coordinarse con las instituciones educativas para evitar abusos o usos indebidos.

El sistema técnico para activar el beneficio requirió que los padrones de estudiantes se integraran al sistema SUBE, un proceso que generó demoras iniciales y que seguirá demandando ajustes a medida que se incorpore un mayor volumen de estudiantes. A esto se suma la discusión sobre la sostenibilidad presupuestaria: especialistas advierten que será necesario evaluar el impacto financiero sobre el transporte público y sobre las cuentas de la Ciudad en un contexto de recursos limitados.

Aun con estas dudas, el beneficio se presenta como un paso significativo hacia la inclusión educativa y la reducción de desigualdades. Para estudiantes de menores recursos, representa una mejora concreta en sus posibilidades de acceder y mantenerse en el sistema universitario. A largo plazo, su éxito dependerá de un equilibrio entre facilitar el acceso y garantizar un control eficiente que permita sostenerlo en el tiempo.