El debate por la Ley de Glaciares volvió al centro del escenario político y económico mendocino, impulsado por la necesidad de definir el alcance de los proyectos mineros que esperan autorización. Con un potencial de inversión estimado en 35.000 millones de dólares, las empresas del sector observan de cerca cualquier avance regulatorio que permita destrabar iniciativas de gran escala.

Las autoridades provinciales sostienen que es posible compatibilizar actividad minera y protección ambiental mediante controles estrictos y evaluaciones técnicas actualizadas. En paralelo, legisladores nacionales analizan ajustes a la normativa vigente para clarificar zonas de explotación y límites de impacto, algo que el sector empresarial considera indispensable para atraer capitales internacionales.

Mientras tanto, organizaciones socioambientales mantienen su rechazo a cualquier modificación que pueda habilitar intervenciones en zonas sensibles. La tensión entre desarrollo económico y preservación natural vuelve a plantearse con fuerza, justo cuando Mendoza se encuentra ante la posibilidad de recuperar protagonismo en el mapa minero del país.