Gigantes tecnológicos analizan el impacto económico y operativo de la nueva ley que limita el acceso a menores de 16 años.

Las principales empresas de redes sociales han comenzado a evaluar las implicaciones de la nueva normativa anunciada en España. La restricción de acceso a menores de 16 años supone una pérdida de un segmento demográfico activo y obliga a una reconfiguración de los modelos de publicidad y segmentación de datos en el país.

Portavoces del sector han expresado su disposición a colaborar con el Gobierno, aunque también señalan las dificultades técnicas de aplicar una prohibición total. La industria teme que la fragmentación de edades mínimas por país dificulte la operación global de las plataformas y genere inconsistencias en la experiencia del usuario.

A pesar de las reticencias iniciales, se espera que las compañías desarrollen nuevas herramientas de control parental y verificación que se ajusten a los requerimientos españoles. El diálogo entre el Ministerio de Transformación Digital y las tecnológicas será fluido durante los próximos meses de transición.