El Prof. Dr. Lukas Arenson, profesor adjunto en la Universidad de Manitoba y en Polytechnique Montréal y vicepresidente de la Asociación Internacional del Permafrost, y el Dr. Pablo Wainstein, doctor en Hidrología Glacial y Periglacial por la Universidad de Calgary y ex integrante del Directorio de la Fundación de Investigación Glacial de Alaska, publicaron en Infobae una columna titulada “Adecuación de la Ley de Protección de Glaciares: un paso en la dirección correcta”, en la que respaldan la modificación normativa que será debatida en el Congreso. En el artículo sostienen que la actualización de la ley es técnicamente necesaria, que debe basarse en criterios científicos más precisos para determinar qué cuerpos de hielo cumplen efectivamente una función hídrica estratégica y que el objetivo es fortalecer la protección ambiental dotándola de mayor rigor metodológico y claridad jurídica.

En su planteo, los especialistas explican que la ley sancionada en 2010 tuvo como finalidad preservar los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce, pero señalan que su redacción generó ambigüedades al incluir bajo una misma categoría realidades geológicas y climáticas diversas. Argumentan que no todos los cuerpos de hielo ni todas las formaciones del ambiente periglacial cumplen la misma función en términos de provisión y regulación de agua, por lo que proponen que la protección se determine a partir de evaluaciones técnicas específicas que permitan distinguir su relevancia hidrológica concreta. Según indican, la evidencia científica acumulada en los últimos años permite avanzar hacia una clasificación más precisa.

Los autores sostienen que la adecuación normativa no implica un retroceso en materia ambiental, sino una mejora en la calidad de la regulación, ya que permitiría proteger con mayor exactitud aquellos cuerpos de hielo que efectivamente cumplen un rol estratégico en el abastecimiento y regulación de cuencas. En esa línea, afirman que una definición más rigurosa contribuiría a reducir incertidumbres jurídicas y a otorgar mayor previsibilidad en territorios de alta montaña, sin resignar estándares de cuidado ambiental. La clave, remarcan, es que la ley responda a parámetros científicos verificables y no a definiciones amplias que no distingan funciones específicas.

De cara al debate parlamentario que se abrirá en las próximas semanas, la intervención de estos especialistas con trayectoria académica internacional aporta argumentos técnicos al intercambio legislativo. Para Arenson y Wainstein, la adecuación constituye “un paso en la dirección correcta” porque busca alinear la normativa con el conocimiento científico actual, fortalecer la protección donde realmente corresponde y dotar al marco legal de mayor coherencia entre su finalidad —la defensa del agua como recurso estratégico— y los instrumentos concretos para garantizarla.