La Justicia investiga la posible existencia de una red integrada por médicos y punteros políticos vinculada al otorgamiento irregular de pensiones en Córdoba. La causa busca determinar si estos beneficios fueron entregados a cambio de respaldo electoral en distintos sectores de la provincia. El caso pone el foco en el uso indebido de recursos públicos.

Según la investigación, los involucrados habrían gestionado certificados médicos necesarios para acceder a pensiones por invalidez. Estos documentos formarían parte de un circuito que facilitaba la aprobación de los beneficios. A cambio, se habría solicitado apoyo político en instancias electorales locales.

La pesquisa intenta establecer responsabilidades y el alcance territorial de la maniobra dentro de Córdoba. También busca determinar cuántas pensiones podrían haber sido otorgadas de manera irregular. El caso abre interrogantes sobre los controles en el sistema de asistencia social.