La investigación por el femicidio de Natalia Cruz sumó un nuevo capítulo con la imputación de diez efectivos policiales por presuntas irregularidades. Los agentes están acusados de no haber cumplido con medidas de protección judicial que buscaban resguardar a la víctima. El caso expone graves fallas en el accionar institucional frente a situaciones de violencia de género.

Según la causa, la mujer contaba con una orden de custodia policial debido a antecedentes de violencia por parte de su agresor. Sin embargo, esa protección no se habría implementado correctamente pese a que existía conocimiento de la disposición judicial. Esta omisión es uno de los ejes centrales de la imputación contra los efectivos involucrados.

Además, los investigadores detectaron posibles irregularidades en informes policiales que habrían sido elaborados para justificar el cumplimiento de las medidas. La causa busca determinar responsabilidades concretas dentro de la fuerza y esclarecer si hubo encubrimiento. El avance judicial representa un paso clave en el reclamo de justicia por la víctima.